Uribe en la CPI, pensar con el deseo

Iván Cepeda, Representante a la Cámara por el Polo Democrático

En momentos en que la inoperante Comisión de Acusaciones adelanta una investigación en contra del ex presidente Álvaro Uribe, el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda quien fue una de las víctimas de las interceptaciones ilegales ordenadas durante el gobierno Uribe, ha solicitado a ésta institución que compulse copias a la Corte Penal Internacional para que sea éste máximo órgano de justicia penal el encargado de juzgar al ex presidente colombiano.

La razón principal es que el delito de persecución, el cual no está tipificado por la Legislación Colombiana y que podría ser investigado por la CPI de acceder a la petición del legislador. 

Cepeda recuerda como un hecho que prueba la responsabilidad de Álvaro Uribe en la creación de una empresa criminal que persiguió a los opositores de su gobierno el nombramiento como Director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a José Miguel Narváez, investigado por su relación con los paramilitares y los asesinatos del padre de Iván Cepeda y del humorista Jaime Garzón. 

Atenderá el llamado la Corte Penal Internacional y posará sus ojos en Colombia?  Será investigado Álvaro Uribe por la Corte Penal Internacional y eventualmente condenado? Actuaría la Comisión de Acusaciones si es presionada por la CPI? 

 Los opositores de Uribe tienen fuertes argumentos para pensar que la justicia interna no actuará en contra del ex mandatario de la misma forma que no ha actuando en contra de ningún mandatario de la historia reciente.  Pero, pensar que la CPI intervendrá, no será pensar con el deseo?

Si ese deseo se hace realidad sería un nuevo amanecer en la democracia colombiana.

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Belisario Betancurt podría ser investigado por la CPI

Belisario Betancurt, ex presidente de Colombia (1982-1986)

El tribunal Superior de Bogotá confirmó la Sentencia contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad las desapariciones de dos de las personas víctimas del operativo de retoma del Palacio de Justicia ocupado por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).

Pero el Tribunal fue más allá y buscando el respeto a los derechos de las víctimas para que se conozca la verdad y en consideración que los procesos que desde 1986 adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes han sido inócuas, exhortó al Fiscal General de la Corte Penal Internacional para que investigará la posible responsabilidad por parte del entonces presidente Belisario Betancurt en los operativos de retoma.

El Ministro del Interior Germán Vargas Lleras reaccionó inmediatamente se pronunció en contra de esta posibilidad señalando que la Corte Penal Internacional no tendría jurisdicción ya que los hechos ocurrieron en 1985.

El presidente Juan Manuel Santos fue más allá al mostrar el apoyo al ejército al mostrar su rechazo a la Sentencia después de haber permanecido neutral ante muchas de las decisiones adversas al anterior Gobierno.  Dijo que en vez de que el ejército pida perdón por las violaciones ocurridas durante los operativos de retoma, debe ser el pueblo el que le pida perdón a éste y al ex presidente Betancurt.

A pesar de que se debatía la responsabilidad individual de Plazas Vega, la Sentencia del tribunal reafirmó que Plazas Vega no actúo sólo y que toda la institucionalidad se vio comprometida constituyéndose en un aparato criminal.

De esta forma, Santos ha pasado de marchar con las víctimas a ser defensor de los victimarios según su conveniencia como ha señalado La Silla Vacía.  Tal rebeldía por parte del Ejecutivo respaldada por algunos sectores de opinión que no entienden cómo los que fueron alguna vez calificados como héroes, sean condenados por los excesos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia ha suscitado el rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia por esta falta de respeto a la independencia de las decisiones de la Rama Judicial.

Resta que la Corte Suprema de Justicia decida el último recurso para saber si queda en firme la decisión y con ello, si el ejército pide perdón como ha sido exigido por el Tribunal Superior de Bogotá y si la Corte Penal Internacional acepta la solicitud de investigar al ex presidente Betancurt lo que sentaría un precedente en Colombia que podría perjudicar tanto al ex presidente Uribe como Santos sobre los casos de Derechos Humanos que son materia de investigación contra ellos y que adelanta la Comisión de Acusaciones.